Durante estos últimos días hemos visto repetidas imágenes que desbordan ciertos límites de nuestra convivencia. Una persona que protesta en la calle, un cordón policial que avanza, una porra que golpea, una multitud que retrocede.
Escenas que hemos visto en distintos países europeos y que, más allá de las circunstancias concretas de cada intervención, plantean la necesidad de reflexionar sobre la calidad de nuestras democracias y de cómo se ejerce la autoridad sin vulnerar los derechos que está llamada a proteger.
Las recientes actuaciones policiales cuestionadas en España y las denuncias del uso excesivo de la fuerza durante las protestas en Francia, devuelven al primer plano una cuestión que no admite el simplismo como respuesta. Ningún Estado puede renunciar a garantizar la seguridad. Los agentes deben proteger a la ciudadanía, impedir las agresiones y actuar frente a la violencia. También tienen derecho a trabajar en condiciones que preserven su integridad. Pero esa responsabilidad no les concede un poder ilimitado.
En España, la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y la legislación obliga a las fuerzas de seguridad a actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. No son formalidades jurídicas ni obstáculos para el trabajo policial. Son las garantías que distinguen el ejercicio legítimo de la autoridad de su utilización arbitraria.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, recordaba el pasado 23 de octubre que la violencia de algunos participantes no justifica la dispersión indiscriminada de una manifestación ni las restricciones arbitrarias. La respuesta policial debe priorizar el diálogo, la desescalada y una utilización de la fuerza estrictamente necesaria.
La distinción es fundamental. Quien agrede debe responder por sus actos, pero la violencia de unos pocos no convierte en sospechosa a toda una multitud. Tampoco puede confundirse la protección de los bienes públicos y privados con una autorización para vulnerar la integridad de las personas. Manifestantes, transeúntes, comerciantes y agentes comparten un mismo derecho a la seguridad.
Cuando una intervención provoca lesiones o existen indicios de actuaciones desproporcionadas, investigar no significa condenar de antemano a quienes visten uniforme. Significa exigir explicaciones, esclarecer los hechos y depurar responsabilidades si corresponde. La rendición de cuentas no debilita a las instituciones; las fortalece, porque la confianza ciudadana no se impone mediante la fuerza, sino que se construye con garantías.
Martin Luther King escribió que «la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes». Su reflexión conserva toda su fuerza cuando las imágenes de las calles europeas muestran a una ciudadanía que denuncia posibles abusos de autoridad. Defender sus derechos no significa negar la necesidad de la seguridad pública, sino recordar que ninguna institución puede quedar al margen de las garantías que debe proteger.
La autoridad democrática se demuestra especialmente cuando se enfrenta a quienes cuestionan sus decisiones. Proteger a la ciudadanía incluye proteger el derecho a protestar, incluso cuando la protesta incomoda al poder. Y exige, al mismo tiempo, impedir que la violencia de cualquier procedencia, tanto física como verbal, se imponga sobre los demás.
Porque el orden público no puede medirse únicamente por la ausencia de disturbios. También debe medirse por la presencia de derechos. Una democracia no necesita calles mudas, sino calles seguras donde disentir no sea un riesgo y donde la fuerza pública recuerde siempre que su razón de ser es servir a la ciudadanía, no someterla.
