España ha entrado en una cuenta atrás. Hasta el 29 de noviembre, los partidos tratarán de convencer a la ciudadanía de que su proyecto merece gobernar el país. La campaña volverá a llenar los espacios públicos de promesas, reproches y consignas.
Pero, fuera de los escenarios electorales, el tiempo transcurre de otra manera. Los alquileres vencen cada mes, las facturas siguen llegando y miles de familias continúan haciendo equilibrios para llegar a fin de mes.
El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez abre un nuevo capítulo de la confrontación política, después de las dificultades parlamentarias del Gobierno para sacar adelante sus medidas sobre vivienda. La decisión traslada a las urnas un conflicto que va mucho más allá de la aritmética del Congreso. Porque la vivienda, el coste de la vida y la incertidumbre económica no son simples argumentos de campaña. Son realidades que condicionan la libertad y las oportunidades de millones de personas.
Durante las próximas semanas asistiremos a una disputa por el relato. Cada formación tratará de atribuirse los aciertos, señalar los errores ajenos y presentar su programa como la respuesta necesaria para el país. Es legítimo que los partidos compitan por el respaldo ciudadano. Forma parte de la democracia. Lo preocupante sería que esa competencia terminase reduciendo los problemas colectivos a una sucesión de consignas mientras las soluciones vuelven a quedar aplazadas.
Los indicadores económicos pueden ofrecer señales de crecimiento, pero el bienestar no se mide únicamente con las cifras del producto interior bruto. También se mide en la posibilidad de que una persona joven pueda emanciparse, de que una familia encuentre una vivienda que no absorba la mayor parte de sus ingresos o de que cualquier ciudadano reciba atención sanitaria sin que su lugar de residencia determine sus oportunidades.
También será necesario observar cómo se construye el debate público. La confrontación entre proyectos es imprescindible, pero no puede sustituir a los argumentos ni convertir la descalificación permanente en una forma de hacer política. La ciudadanía merece conocer qué propone cada partido, cómo piensa financiarlo y qué resultados puede comprometerse a ofrecer. Y merece, sobre todo, que las afirmaciones se sostengan en hechos verificables.
El 29 de noviembre se cerrarán las urnas, pero no desaparecerán las preguntas que nos han traído hasta aquí. La vivienda seguirá siendo una necesidad, los servicios públicos continuarán exigiendo recursos y la desigualdad no se resolverá con un cambio de calendario.
Quizá la verdadera medida de estas siete semanas no sea cuánto consiga imponer cada partido su relato, sino cuánto espacio quede para hablar de la vida real. Porque la democracia no termina cuando se cuentan los votos. Empieza de nuevo cuando quienes reciben la confianza ciudadana deben convertir sus promesas en decisiones, sus compromisos en derechos y el poder en una responsabilidad compartida.
