Las protestas de estos días vuelven a colocar en el centro una pregunta que llevamos demasiado tiempo intentando resolver únicamente con el lenguaje del mercado. Precios, alquileres, hipotecas, oferta, demanda, inversión. Pero detrás de cada porcentaje hay personas que buscan una casa donde vivir y que empiezan a descubrir que tener un lugar estable en el mundo puede convertirse en un privilegio.
La Constitución reconoce la propiedad privada en su artículo 33. Pero el mismo artículo establece que su función social delimita su contenido. Y el artículo 47 reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. No son derechos enfrentados. Son dos dimensiones que deben convivir.
Una vivienda puede ser una propiedad, una inversión o un patrimonio familiar. Pero también es el lugar donde una persona duerme, crecen sus hijos, envejecen sus padres, se construyen vínculos y se desarrolla buena parte de la vida cotidiana. Por eso no puede ser tratada exactamente igual que cualquier otro producto de consumo.
El filósofo y sociólogo Henri Lefebvre habló del derecho a la ciudad como algo mucho más profundo que el simple acceso físico a un espacio. Habitar significa también participar de una comunidad, disponer de servicios, de relaciones, de tiempo y de oportunidades. Cuando una persona no puede pagar el alquiler en su barrio o debe abandonar la ciudad en la que ha construido su vida, no pierde solamente una vivienda. Pierde también una parte de su pertenencia.
El economista político Karl Polanyi, décadas antes, había advertido de los riesgos de convertir elementos esenciales de la vida social en mercancías sometidas exclusivamente a la lógica del mercado. Su reflexión sobre la tierra resulta una buena comparativa para nuestra actualidad. La vivienda tiene un precio, por supuesto. Pero reducirla a su precio significa olvidar aquello que la convierte en una necesidad humana.
Los datos explican parte del malestar. El INE acaba de situar en el 12,2 % el incremento interanual del precio de la vivienda en España durante el segundo trimestre de 2026. Los fondos de inversión inmobiliaria, las SOCIMI eran propietarias del 8,1 % de las viviendas destinadas al alquiler habitual en España. Por su parte, el Banco de España estimaba que las sociedades poseían alrededor de 210.000 viviendas residenciales destinadas al alquiler en 2023, señalando que la adquisición de vivienda por inversores institucionales y compradores no residentes constituye un componente relevante de la demanda y contribuye a elevar los precios en los mercados más tensionados.
La Comunitat Valenciana ofrece una fotografía especialmente reveladora de esta transformación. Según los datos de las fianzas de alquiler facilitados por la Generalitat a Civio, en junio de 2023 había 136.332 viviendas alquiladas con fianza depositada. De ellas, 19.005 pertenecían a personas jurídicas que acumulaban más de cincuenta alquileres. Son el 13,9 % de ese parque registrado. Y más del 76 % de esas viviendas estaban concentradas en apenas diez grandes tenedores.
La protesta social no debería interpretarse únicamente como una disputa entre propietarios y quienes buscan vivienda. Hay pequeños propietarios, familias hipotecadas, jóvenes que quieren emanciparse y personas mayores que necesitan permanecer en sus hogares. Todos forman parte del mismo problema. Precisamente por eso necesitamos una conversación pública menos simplista.
Defender el derecho a la vivienda no significa negar el derecho de propiedad. Significa recordar que la propiedad, en nuestro sistema constitucional, tiene una función social. Y reconocer que los poderes públicos tienen una responsabilidad que no pueden delegar por completo en el mercado.
Necesitamos más vivienda pública y asequible, políticas de alquiler, rehabilitación, planificación urbana y medidas que permitan compatibilizar seguridad jurídica y protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero necesitamos también recuperar una idea elemental. Una casa puede tener un precio pero tener un lugar donde vivir dignamente no debería depender únicamente de cuánto dinero se tenga.
Porque cuando una sociedad empieza a considerar normal que una parte de sus ciudadanos no pueda acceder a una vivienda, el problema deja de ser solamente inmobiliario. Se convierte en un problema democrático.
Y quizá esa sea la cuestión de fondo que las calles están recordando estos días. La vivienda puede estar dentro del mercado pero la dignidad de quienes la habitan no puede quedar fuera de la Constitución. Y en ese punto, la ciudadanía sigue en pérdidas.
