La vivienda ha dejado de ser una preocupación más para convertirse en una frontera política. A un lado están quienes todavía pueden pagarla y al otro, quienes trabajan, cobran un salario y, sin embargo, no consiguen encontrar un lugar donde vivir. Las calles españolas volvieron a llenarse este fin de semana.
Más de 50 ciudades acogieron movilizaciones después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno.
Y mientras la vivienda se convierte en protesta, Pedro Sánchez se enfrenta a la posibilidad de adelantar las elecciones. El punto de inflexión es importante. La vivienda puede acabar llegando a las urnas después de haber llegado a las plazas.
Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que mirar bastante más atrás.
España no inventó los fondos de inversión inmobiliaria con Pedro Sánchez. Tampoco una sola ley convirtió las casas en mercancía financiera. El proceso fue más largo.
Desde la liberalización de los alquileres del Decreto Boyer de 1985, pasando por la liberalización del suelo de 1998, la posterior regulación de la vivienda protegida, la reforma del alquiler de 2013 y la creación y desarrollo de las SOCIMI, las reglas del mercado han ido cambiando mientras la vivienda adquiría una dimensión cada vez más financiera.
La crisis de 2008 aceleró el proceso. La Sareb permitió concentrar y gestionar activos inmobiliarios procedentes del sistema financiero. Las SOCIMI, creadas en 2009 y posteriormente beneficiadas de un régimen fiscal específico, facilitaron la entrada de capital institucional en el mercado del alquiler. Nada de esto significa que las leyes crearan los llamados fondos buitre. Significa algo más preciso. Se dejó una coyuntura que contribuyó a construir un marco en el que grandes carteras inmobiliarias podían convertirse en activos financieros y ser adquiridas por grandes inversores.
Después llegó el péndulo político. Rajoy flexibilizó el alquiler en 2013. Sánchez recuperó estabilidad contractual, aprobó en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda y creó las zonas tensionadas. Es precisamente aquí cuando el Estado comenzó a asumir con mayor claridad que la vivienda no podía contemplarse únicamente como un bien de mercado.
Pero la realidad ha ido más deprisa que las leyes. Todos somos sabedores que el Gobierno presentó dos decretos extraordinarios después de que el desahucio de M.ª Carmen provocara una nueva oleada de indignación social.
Uno de ellos establecía protección frente a determinados desahucios cuando la vivienda perteneciera a un fondo buitre y limitaba determinadas adquisiciones especulativas; el otro reforzaba la estabilidad de los alquileres. No llegaron a consolidarse. El Congreso los rechazó el 2 de octubre con los votos del PP, VOX y Junts. No sirvió el apoyo del Sindicato de Inquilinas a esas medidas mínimas ni la protesta en la calle para parar cierta jurisprudencia que puede acelerar situaciones vulnerables que puedan terminar en nuevos desahucios. Quizá esta derrota explique mejor que cualquier discurso por qué la gente sigue ocupando las calles.
Porque ocho años después de la llegada de Sánchez al Gobierno, y después de décadas de reformas de distinto signo, seguimos sin haber resuelto la pregunta esencial: cómo conseguir que una vivienda digna sea accesible para quien vive de su trabajo.
Ahora puede haber elecciones. Puede haber campaña, consignas, reproches y nuevas promesas. Pero una casa no se paga con promesas.
La vivienda ha llegado a la política porque antes llegó a la vida cotidiana de millones de personas. Y cuando un derecho constitucional depende cada mes de una nómina que no crece al ritmo del alquiler, el problema deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una cuestión de democracia. Y ahí la importancia de que todas las formaciones políticas sean transparentes para dar soluciones a corto plazo, a responder a la situación de crisis diaria que afecta a miles de personas.
Y sería importante abrir esa manoseada frase de la ventana de oportunidad, no a las formaciones políticas, sino a una ciudadanía que la exige. Reconozcamos que frente a las medidas urgentes que cabían en esos decretos, la posición opuesta es que sigan las cosas igual.
Porque una sociedad en la que tener una casa depende cada vez más del patrimonio heredado y menos del trabajo que se realiza corre el riesgo de convertir el derecho a vivir en el derecho de quien puede comprar o alquilar.
Y quizá esa sea la pregunta que debería acompañarnos hasta las urnas: qué modelo de país queremos construir, uno donde la vivienda sea un hogar o uno donde siga siendo, sobre todo, un activo financiero.
