La reciente celebración de la Fira de Mislata 2026 ha sido presentada por el Ayuntamiento como un éxito de participación y como un instrumento para impulsar el comercio local. Sin embargo, una vez desmontadas las carpas y finalizadas las actividades, surge una pregunta razonable: ¿qué resultados económicos ha producido realmente la feria?
La cuestión no es menor. La Fira se organiza con recursos públicos y, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha requerido un contrato mixto para el alquiler, instalación y desmontaje de infraestructuras, además de servicios de coordinación técnica y logística, control de accesos, vigilancia y seguridad. Es decir, estamos ante una actuación que moviliza una cantidad significativa de medios humanos y económicos y que, por tanto, debería ser objeto de una evaluación posterior.
Evaluar una política pública no significa cuestionarla. Al contrario, significa comprobar si ha alcanzado los objetivos para los que fue diseñada. Si la finalidad de la Fira es dinamizar el comercio local, atraer clientes y generar actividad económica, resulta lógico preguntarse cuántas personas la visitaron, cuántos comercios participaron, qué volumen de ventas se produjo, qué grado de satisfacción tuvieron los expositores y cuál fue el retorno obtenido en relación con el gasto realizado.
Sin embargo, intentar realizar una mínima evaluación externa resulta sorprendentemente difícil. La información publicada hasta el momento permite conocer la programación, las actividades desarrolladas y los mensajes institucionales sobre el éxito de la iniciativa, pero no ofrece datos económicos básicos. No se han difundido cifras de asistencia, estimaciones de impacto económico, resultados de encuestas a los participantes ni análisis de retorno de la inversión pública.
Esta ausencia de información impide verificar de forma objetiva las afirmaciones sobre el impacto económico de la feria. Es posible que la iniciativa haya generado importantes beneficios para los comercios participantes. También es posible que los resultados hayan sido más modestos. Lo cierto es que, con los datos actualmente disponibles, ninguna de las dos afirmaciones puede demostrarse.
A partir de la documentación pública consultada, únicamente puede concluirse que la Fira ha supuesto, con alta probabilidad, un esfuerzo económico municipal de varias decenas (quizás, centenas) de miles de euros. La propia naturaleza de los contratos necesarios para infraestructuras, seguridad, logística, actividades y organización permite inferir que no se trata de una actuación de bajo coste. Lo que no puede determinarse es si ese esfuerzo económico ha producido un retorno equivalente o superior para el tejido comercial de la ciudad.
La situación resulta especialmente llamativa porque los datos necesarios para realizar dicha evaluación existen necesariamente en la administración. El Ayuntamiento dispone de los expedientes de contratación, conoce los ingresos obtenidos mediante tasas de participación, tiene identificados a los expositores y podría recabar fácilmente información sobre asistencia y valoración de los participantes. Elaborar una memoria económica básica no requeriría un esfuerzo desproporcionado y aportaría transparencia y conocimiento para futuras ediciones.
Las administraciones públicas dedican cada vez más recursos a evaluar políticas y programas, no solo para justificar el gasto realizado, sino para mejorar la toma de decisiones. Saber qué funciona y qué no funciona es tan importante como organizar una actividad. Sin evaluación, las decisiones futuras se apoyan en impresiones; con evaluación, se apoyan en evidencias.
Por ello, más allá de la valoración positiva o negativa que cada persona pueda tener sobre la Fira de Mislata, parece razonable reclamar una evaluación pública de sus resultados. No para cuestionar la iniciativa, sino para conocer su eficacia real. La participación, el ambiente festivo y la satisfacción ciudadana son aspectos importantes, pero cuando se destinan recursos públicos a promover la actividad económica, también resulta necesario conocer qué impacto económico se ha conseguido y a qué coste.
La transparencia no consiste únicamente en informar de que una actividad se ha realizado, sino también en explicar qué resultados ha producido. Y precisamente esa información es la que hoy sigue faltando.
