Vivimos una actualidad llena de palabras que dejan de ser herramientas sociales para convertirse en armas destructivas. Se lanzan desde una tribuna parlamentaria, se repiten en una rueda de prensa, se recortan para las redes sociales y terminan circulando como pequeñas piezas de una batalla que parece no tener descanso.
El insulto ha dejado de ser, en demasiadas ocasiones, un desbordamiento puntual de la política para integrarse en su lenguaje cotidiano. Como un viento desbordado que deja un panorama social excesivamente resquebrajado para intentar reconstruir el respeto y la apariencia de libertad.
Y claro que la crítica es necesaria, porque el desacuerdo forma parte de la democracia. La denuncia de una mala gestión, de una decisión injusta o de una responsabilidad política no solo es legítima, sino imprescindible. Pero existe una distancia entre cuestionar las actuaciones de un adversario y convertir su humillación en el centro del discurso. Entre exigir explicaciones y organizar un escarnio público se encuentra la diferencia entre la firmeza de una convicción y la voluntad de destruir la dignidad de quien piensa diferente. Y, desgraciadamente, cada vez tenemos más ejemplos que infectan al resto de capas de una sociedad más abierta en canal. Esa diferencia importa. Y quienes ocupan responsabilidades políticas deberían conocerla mejor que nadie.
Durante esta semana, la crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a situar el enfrentamiento político y el lenguaje de la confrontación en el centro de la actualidad. En la última sesión de control, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó intercambiaron acusaciones sobre la gestión de la crisis, azuzando mientras tanto las posiciones partidistas y desplazando buena parte de la atención sobre las soluciones institucionales y colectivas. Una estrategia que se viene repitiendo en cada una de las crisis sociales y territoriales que se han vivido en los últimos años.
El problema no se puede explicar únicamente como un problema estético de la confrontación pública. No se trata de pedir una política desprovista de pasión, ni de reclamar una cortesía vacía que impida señalar injusticias. Se trata de recordar que cada palabra pronunciada por un representante público tiene una capacidad de amplificación que no posee la conversación privada. Sus expresiones pueden ser reproducidas por miles de personas, convertidas en consignas y utilizadas para justificar nuevas agresiones verbales. Y a todo ello le añadimos el desorden en el que se convierten las redes sociales para premiar argumentos más provistos de vísceras que de datos.
La responsabilidad política no termina cuando concluye una intervención. También alcanza a aquello que se legitima, a los comportamientos que se toleran y a la cultura pública que se contribuye a construir. Difícil de entender el silencio o la justificación de actos violentos que, finalmente, acechan en las calles o el embrutecimiento en las posiciones que validan los nuevos predicadores digitales.
Cuando un dirigente insulta, sus seguidores no reciben únicamente una opinión. Reciben una señal sobre los límites aceptables de la confrontación. Si la burla se premia con atención, si el desprecio se convierte en espectáculo y si la rectificación se interpreta como debilidad, la política termina acostumbrándose a un lenguaje que empobrece la convivencia.
El escarnio público añade una dimensión todavía más preocupante. No busca necesariamente esclarecer una conducta, sino exponer a una persona a la humillación colectiva. La crítica se transforma en castigo simbólico con el premio a su propia deshumanización. Pero lo peor de todo es que la responsabilidad individual se diluye en una multitud que comparte, comenta y multiplica el ataque. Las redes sociales pueden acelerar ese proceso, pero no lo inventan. La responsabilidad comienza antes, en quienes deciden qué tono utilizar y qué límites respetar.
No todos los insultos tienen la misma gravedad, ni toda expresión áspera constituye un delito o un discurso de odio. La libertad de expresión protege también la crítica política, incluso cuando resulta incómoda o severa. Sin embargo, el marco democrático no puede confundirse con la ausencia de responsabilidad. Nuestra propia administración democrática distingue entre el discurso de odio y el delito de odio, y advierte de los efectos que los mensajes discriminatorios pueden producir más allá del espacio digital.
Por ello, los políticos tienen una obligación añadida porque disponen de una plataforma pública, de recursos institucionales y de una capacidad de influencia que no es comparable a la de un ciudadano anónimo. No pueden exigir respeto para sus propias figuras mientras normalizan la humillación de sus adversarios, de periodistas, de activistas o de colectivos sociales. Tampoco pueden denunciar la toxicidad de las redes mientras alimentan sus dinámicas con frases diseñadas para provocar indignación y adhesión inmediata.
La democracia no necesita políticos silenciosos ni discursos idénticos. Necesita responsables públicos capaces de sostener un conflicto sin convertir al adversario en un enemigo con el que vale todo para atacar. Necesita una palabra que sea firme sin ser cruel, crítica sin ser degradante y contundente sin renunciar a la verdad.
Decía George Orwell en 1946 que hacer de las mentiras una apariencia de verdad y el asesinato respetable, era dar una apariencia de solidez a lo que es puro viento. Una forma de justificar el ir más allá del insulto explícito donde el lenguaje oculta responsabilidades, disfraza decisiones injustas o convierte los fracasos en consignas. Como un vendaval que todo lo puede.
La política debería servir para resolver problemas, proteger derechos y ampliar las posibilidades de convivencia. Cuando el insulto ocupa el lugar del argumento, quienes pierden no son solamente los adversarios de una formación. Perdemos todos aquellos que seguimos necesitando una conversación pública donde la razón no tenga que gritar para ser escuchada. La dignidad del adversario no es un premio que se concede cuando nos conviene. Es uno de los límites que hacen posible la democracia.
Y quizá la verdadera fortaleza de un representante público no consista en encontrar la frase que más humilla, sino en demostrar que todavía es capaz de defender sus ideas sin renunciar al respeto por la persona que tiene delante. Porque en ese respeto estamos representados toda una sociedad civil, es decir, de todos nosotros.
