Las imágenes que llegan desde Venezuela tras los terremotos sufridos vuelven a recordarnos una realidad tan antigua como la propia humanidad. Y la realidad es que ningún pueblo puede salir adelante completamente solo ante una gran catástrofe.
Bajo los escombros quedan viviendas, escuelas, hospitales e infraestructuras, pero también quedan vidas interrumpidas, proyectos familiares rotos y comunidades enteras obligadas a empezar de nuevo. Desgraciadamente, Venezuela ya atravesaba dificultades económicas e institucionales antes del terremoto.
En esos momentos, la ayuda internacional deja de ser una cuestión diplomática para convertirse en una necesidad humana. La rapidez con la que llegan los equipos de rescate, los suministros médicos, el agua potable o los refugios temporales puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Esta actitud se ha visto reforzada con la suspensión temporal de algunas de las sanciones impuestas a Venezuela por parte de EEUU para salvaguardar la posibilidad de que pueda llegar esa ayuda.
De otra forma, hubiera sido imposible realizar pagos para operaciones de ayuda humanitaria, transferir fondos destinados al rescate y la reconstrucción, facilitar el envío de maquinaria, equipos de emergencia y suministros y permitir que bancos estadounidenses procesen pagos vinculados a la ayuda, incluso cuando procedan de terceros países.
Pero esta problemática centrada en Venezuela nos da la oportunidad de ampliarla a una visión más global de lo que significa, hoy por hoy, la ayuda al desarrollo y sus consecuencias.
Es llamativo que, precisamente cuando el mundo afronta un aumento de las crisis humanitarias, la solidaridad institucional atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas.
Los datos son significativos. La ayuda oficial al desarrollo experimentó en 2025 la mayor caída registrada por la OCDE desde que existen estadísticas comparables. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Japón redujeron sus aportaciones en un contexto marcado por la creciente tensión geopolítica, el aumento del gasto militar y la prioridad otorgada a problemas internos. Y sus consecuencias son incuestionables. Los organismos internacionales disponen de menos recursos para responder a terremotos, inundaciones, conflictos armados o desplazamientos masivos de población.
Y esto conlleva una paradoja evitable. Nunca hemos tenido tanta capacidad tecnológica para anticipar desastres, coordinar respuestas y movilizar recursos. Nunca hemos conocido con tanta rapidez el sufrimiento que se produce en cualquier rincón del planeta. Y, sin embargo, el compromiso financiero de buena parte de la comunidad internacional se debilita precisamente cuando más necesario resulta.
La ayuda humanitaria no debería entenderse como un gesto de caridad ocasional. Es una herramienta de estabilidad global. Un hospital reconstruido, una escuela reabierta o una red de abastecimiento reparada no benefician únicamente a quienes viven en el lugar afectado. Contribuyen a evitar crisis sociales, migraciones forzadas y situaciones de pobreza extrema que terminan teniendo repercusiones mucho más allá de las fronteras nacionales.
En este panorama, España representa una excepción relativa. Mientras numerosos países redujeron sus presupuestos de cooperación, la ayuda oficial al desarrollo española aumentó en los últimos años hasta alcanzar su nivel más alto en década y media. Es una noticia positiva que merece ser reconocida. Supone entender que la cooperación internacional no es un lujo reservado para tiempos de bonanza, sino una responsabilidad compartida en un mundo cada vez más interdependiente.
Pero también conviene evitar la autocomplacencia. España continúa lejos del compromiso histórico de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta a cooperación internacional. La Ley de Cooperación fija el horizonte de 2030 para alcanzar ese objetivo, y cumplirlo será la verdadera prueba de credibilidad. Porque apoyar la solidaridad global no consiste únicamente en reaccionar cuando las cámaras enfocan una tragedia. Significa mantener un esfuerzo sostenido cuando desaparecen los titulares y comienza la larga y costosa reconstrucción.
Los terremotos no distinguen ideologías, fronteras ni intereses estratégicos. Golpean con la misma fuerza a quienes tienen mucho y a quienes apenas tienen nada. La diferencia radica en la capacidad de respuesta que encuentra cada sociedad después del desastre. Esa capacidad depende, en buena medida, de la existencia de instituciones internacionales fuertes y suficientemente financiadas.
Una vez más, que la pregunta que deja el terremoto de Venezuela no sea cuánto cuesta ayudar. La cuestión prioritaria es cuánto costará no hacerlo. Porque cada vez que la solidaridad retrocede, el mundo se vuelve un lugar más inseguro, más desigual y más vulnerable para todos. Y porque, tarde o temprano, cualquier sociedad puede necesitar la ayuda que hoy decide ofrecer o negar a los demás.
