En una apuesta firme por la educación infantil como cimiento del desarrollo integral de la sociedad, Álvaro Galán, portavoz del Grupo Municipal VOX-Mislata, ha presentado una moción destinada a promover la calidad y accesibilidad de la enseñanza para los niños y niñas del municipio.
La moción, tiene como objetivo principal salvaguardar las Escuelas Infantiles de Mislata y promover la educación infantil de 0 a 3 años como un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
En su exposición de motivos, Galán destaca la importancia estratégica de la educación en las primeras etapas de la vida, subrayando cómo estas experiencias tempranas sientan las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. En línea con los principios de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Constitución Española, la moción propone medidas concretas para garantizar el acceso universal y gratuito a la educación infantil en Mislata.
Uno de los puntos clave de la propuesta es la realización de un estudio exhaustivo por parte de los técnicos del Ayuntamiento sobre la viabilidad de implementar la gratuidad de la educación infantil de primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años.
Esto incluiría evaluar las fuentes de financiación, el impacto económico a largo plazo y cualquier otro aspecto relevante para su ejecución. Además, se propone aumentar las ayudas locales para la escolarización en las escuelas infantiles, así como modificar los criterios de elegibilidad para las becas de comedor escolar, garantizando una mayor inclusión y equidad.
Según la concejal María Moscardó, “la moción presentada por el Grupo Municipal VOX-Mislata busca asegurar un futuro próspero para los niños y niñas del municipio, reconociendo la educación infantil como un derecho fundamental y una inversión en el bienestar colectivo.”
La moción también aborda la preocupación por la sostenibilidad financiera de las escuelas infantiles, especialmente en un contexto de disminución de la tasa de natalidad. Se solicita el apoyo adicional de las autoridades para garantizar la estabilidad económica y el empleo de las personas que trabajan en estas instituciones.
Además, se propone establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica para monitorear el impacto de las políticas implementadas y realizar ajustes según las necesidades de la comunidad educativa.
En palabras de Galán, «es responsabilidad de las administraciones públicas promover políticas educativas inclusivas y equitativas que aseguren el derecho de todos los niños y niñas a una educación de calidad desde las primeras etapas de la vida«.
