Las campañas electorales tienen algo de ritual colectivo. Durante unos días, las calles se llenan de carteles, los discursos se multiplican y las promesas compiten por hacerse un hueco entre las preocupaciones cotidianas.
Comienza la carrera por los votos, los partidos despliegan sus estrategias y la política de trincheras vuelve a ocupar el centro de la conversación pública. Pero socialmente, el 29 de noviembre tenemos una cita con las urnas y, con ella, una nueva oportunidad para decidir nuestro futuro.
Llegados a este punto convendría no confundir el ruido de una campaña con el verdadero sentido de la democracia. Porque unas elecciones son mucho más que una competición entre siglas, candidatos y programas. Son, ante todo, el ejercicio de un derecho conquistado durante generaciones y una expresión de libertad individual y colectiva.
El artículo 23 de nuestra Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos. Una formulación jurídica que encierra algo mucho más profundo que la posibilidad de intervenir en las decisiones que condicionan nuestras vidas. Elegir quién gobierna, pero también qué prioridades deben orientar las políticas públicas, qué derechos queremos proteger y qué oportunidades estamos dispuestos a garantizar a quienes vendrán después.
En una sociedad atravesada por la incertidumbre, la precariedad, las dificultades para acceder a una vivienda y las desigualdades territoriales, la política no puede convertirse en un espectáculo de confrontación permanente. Detrás de cada debate hay personas que esperan respuestas. Familias que necesitan estabilidad, jóvenes que reclaman oportunidades, mayores que defienden sus pensiones y ciudadanos que aspiran a recibir una sanidad y una educación públicas de calidad. También pueblos y territorios que no quieren resignarse a ocupar un lugar secundario en las decisiones que afectan a su futuro.
Por eso, una campaña electoral debería ser, sobre todo, un espacio para confrontar ideas y propuestas, no para alimentar el enfrentamiento ni convertir al adversario en enemigo. La discrepancia es una parte esencial de la democracia. Lo contrario sería reducir la libertad a la aceptación de una única manera de pensar.
Tal vez una de las novedades en estas elecciones es cómo están cambiando las formas de contar la política. A los tradicionales mítines, entrevistas en radio y televisión y debates electorales se suman ahora los pódcast, los canales de YouTube, las conversaciones con creadores de contenido y las redes sociales. Los candidatos buscan nuevos escenarios para acercarse a públicos diferentes, especialmente a quienes consumen información a través de formatos digitales.
La participación de dirigentes en espacios como The Wild Project es un ejemplo de esta transformación. Un nuevo paso que acompasa nuestra forma cotidiana de consumir información y que ya tuvo su cambio de posición en anteriores convocatorias cuando las entrevistas calaron en programas de talk show.
Es cierto que la diversidad de canales puede enriquecer el debate público, siempre que no se pierda lo esencial como es la posibilidad de contrastar propuestas, comprobar afirmaciones y escuchar argumentos más allá de los titulares y los fragmentos virales. Porque cambiar el escenario de la política no debería significar renunciar a la profundidad del debate democrático.
Rosa Luxemburgo escribió una frase que conserva toda su vigencia: «La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente». Una reflexión que nos recuerda que la calidad democrática no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino también por nuestra capacidad para respetar al diferente, escuchar otras voces y aceptar que nadie posee en exclusiva la verdad ni el derecho a decidir por los demás.
Votar es una decisión personal, pero sus consecuencias son colectivas. También lo es la responsabilidad de informarse, contrastar los mensajes y distinguir entre las propuestas y la propaganda. La abstención, el desencanto o la desconfianza tienen detrás razones que merecen ser escuchadas, pero ninguna democracia puede fortalecerse si sus ciudadanos renuncian a sentirse parte de ella.
El próximo 29 N no se trata solamente de elegir una representación parlamentaria. Estaremos expresando qué modelo de convivencia queremos, qué derechos consideramos irrenunciables y qué futuro deseamos compartir.
Porque el futuro no pertenece exclusivamente a quienes ejercen el poder. Pertenece de forma imprescindible a quienes tienen el derecho de elegirlo, cuestionarlo y transformarlo.
Y esa libertad, que nunca deberíamos dar por garantizada, sigue siendo una de las mayores conquistas de la democracia.