El pasado mes de diciembre se celebró un pleno municipal para la aprobación definitiva del presupuesto municipal para el año 2023.
Solo una alegación había sido presentada. Y era para solicitar que se incluyera una cantidad de dinero suficiente para una cuestión de salud pública que, a la vez, era una cuestión de sostenibilidad del medio-ambiente, eso que siempre está en boca de nuestros políticos, pero no, siempre, en sus actos. De hecho, el fundamento de la alegación presentada está en la, recientemente aprobada, ley de residuos.
La vergüenza vino con las palabras de la portavoz del equipo de gobierno. «No voy a entrar en el fondo del asunto». Y se quedó más ancha que larga, desentendiéndose del problema de salud y de la aplicación de la ley de residuos, como si eso no fuera con el equipo de gobierno. Ese “fondo de la cuestión» es la existencia de amianto en las tuberías del agua potable, que es un riesgo cuando esas tuberías llegan al final de su vida útil. Y, así fue como quedó desestimada la alegación y se aprobó un presupuesto municipal, de sospechosa legalidad.
¿Y cuál fue el juego de trileros que se utilizó en esta ocasión, para poder proferir el patético «no voy a entrar en el fondo de la cuestión»? En esta ocasión, sirvió de excusa el informe de la Intervención Municipal. Tengo que reconocer que quien realizó el informe, en la parte dedicada a justificar la desestimación de la alegación, hizo un buen trabajo: encontró un par de sentencias que tocaban temas parecidos y de las que entresacando las frases adecuadas podían sugerir que la alegación debería ser desestimada.
Me pregunto cuántos de los concejales que aceptaron votar en contra de la alegación, tuvieron la decencia de leerse esas dos sentencias, para comprobar que realmente podían ser utilizadas para aceptar el «no entrar en el fondo».
Lo que imagino es que tanto la persona que realizó ese buen trabajo, como yo, sabemos que es muy fácil desmontar la aplicabilidad de esas dos sentencias al caso de la alegación presentado por la Asociación H2o. Tan fácil, tan fácil que lo voy a hacer en este artículo, en dos parrafillos.
La primera de las excusas, es que el servicio del agua potable se presta a través de una concesionaria y que en el contrato de concesión ya se estipula que la empresa concesionaria destinará 2.107.509 euros para inversiones en la red y por tanto, es esta empresa la que debería hacer el gasto para la sustitución de las tuberías. Esta forma indirecta de gestión impide que el ayuntamiento refleje, en el presupuesto, unos gastos que no genera, que son cosa de la empresa concesionaria. ¡!
Buen intentó. Pero jugando a este juego, se olvidan de decir que esos 2 millones que obligan a la concesionaria, es para los veinticinco años y que además están prácticamente agotados. La estimación del gasto de esta sustitución de tuberías, hecha por la Asociación H2o, para el año 2023, es muy superior a todo lo que tendría que invertir la concesionaria en los 25 años. Por tanto, quien realmente está obligado a la sustitución es el propietario de las tuberías, es decir, el ayuntamiento.
La segunda de las excusas (sentencia sobre gastos de mantenimiento de edificios históricos), viene a decir que no está clara la cantidad que supondría el gasto de la sustitución de tuberías, porque habría discrepancias entre las dos partes ¿?: Al no estar clara la cantidad, no puede aparecer en el presupuesto. ¡!
Otro buen intentó, pero lo cierto es que no hay ninguna discrepancia entre las partes (¿Equipo de gobierno y Asociación H2o?). Los trabajos que hay que hacer están perfectamente definidos y el técnico municipal correspondiente podría elaborar un presupuesto perfectamente.
Ciertamente, en la alegación inadmitida se cuantifica un valor, en torno a los seis millones, pero se expone textualmente que ese valor es solo propuesto «salvo en el caso que el ayuntamiento presente otro valor razonable». Es decir, no hay ninguna discrepancia en el valor que habría que incluir en el presupuesto. Lo único que hay es un canguelo en el equipo de gobierno para proponer un valor razonable para la inversión a realizar.
El caso es que el resultado definitivo querido por los representantes del pueblo de Mislata fue el de inadmitir la alegación y esconder la cabeza en el suelo.
Por cierto, y como colofón, es inevitable una última reflexión. Esta inversión podría haberse hecho con el dinero del canon de concesión que la empresa concesionaria entregó al ayuntamiento, en su día, unos diez millones aproximadamente. El caso es que a estas alturas y habiéndolo pedido directa e indirectamente seguimos sin saber en qué fueron gastados esos diez millones. El ayuntamiento no nos lo quiere decir. O no lo sabe. O yo que sé. Probad vosotros a preguntarlo, a ver si tenéis más suerte.
