El agua no es una mercancía, sino un bien común considerado como un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, así ha empezado su intervención la consejera para hacer una clara apuesta en defensa de una gestión pública del agua potable.
La gestión pública y el proceso de remunicipalización tiene que superar la privada del ciclo del agua junto al mantenimiento de reinversión en las infraestructuras, que exige un esfuerzo de vigilancia y control municipal.
Dos claros ejemplos que la remunicipalización del abastecimiento del agua es una tendencia global y en auge los tenemos en las ciudades de Berlín y Paris, que recientemente han culminado los procesos de “toma directa” de tan importante servicio público. Solo el primer año París recuperó 35 millones de euros, posibilitando una bajada de las tarifas un 8%.
Un ejemplo más próximo lo tenemos en Aguas de Cádiz que ha conseguido un ahorro de más de un millón de euros desde 2015 implantando medidas de eficiencia energética hasta el punto que dejó de emitir CO₂ ya en 2019, un 45% menos de gasto energía eléctrica, a través de la empresa municipal, reduciendo además la huella de carbono y hídrica desde 2016.
Este acto junto con la propuesta presentada para debatir al pleno de Mislata de la semana que viene significa una clara apuesta para recuperar la gestión pública del agua por parte de Compromís.
Mislata no es un caso aislado y puede tener una gestión pública antes y todo que finalizo la concesión con Global Omnium y Aguas de Valencia, de igual manera que lo puede hacer el resto de poblaciones del área metropolitana, como la diputación provincial de València.
Esta ha sido la opinión mayoritaria de los y las participantes entre quienes eran Juan Angel Cuenca, gerente de la empresa pública EPSAR, Juanma Ramon director general de VAERSA, la diputada en Cortes Graciela Ferrer, la regidora de Catarroja Elisa Gimeno, el director general de la Devesa Albufera Joan Miquel Benavent así como representantes de H20 y Ahuim y por supuesto los y las compañeras habituales de Podemos.
La gestión pública del agua implica, además, según el Tribunal de Cuentas, que es mucho más económica que la gestión privada, al que hay que añadir la exención del IVA como empresa pública. Una gestión pública del agua son todo ventajas.
Hay que superar por lo tanto el grave problema que implica la pérdida de control por parte del gobierno de la gestión del agua y la opacidad y poca transparencia de las empresas privadas que la gestionan. Hay que hacer un plan estratégico con una auditoría previa para poder ejecutar la reinversión.
Otra de las actuaciones necesarias implica habilitar un marco normativo que regulo y posibilito el cambio a la gestión pública del agua, así como la creación de un observatorio de esta y como no la apuesta por una ley que regulo el ciclo urbano del agua municipal. Tareas estas que serán posibles con una nueva edición del pacto del Botánico desde la fortaleza de las propuestas de Compromís.
