Constitucional, Mislata, Bajada de impuestos…

Ha llegado el momento en el que podemos decir que ese impuesto no solamente es injusto, por expropiatorio, sino que además es ilegal.

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Recaredo Nadal

Uno de los momentos más entretenidos de la última sesión plenaria del Ayuntamiento, la correspondiente al pasado octubre, tuvo lugar en el turno de «ruegos y preguntas».

Por ponernos en situación, este pleno se produce pocos días después de que el Tribunal Constitucional declarara contrario a la Constitución, el impuesto conocido popularmente como el de «plusvalías municipales«. O, para ser más exacto, lo que declara inconstitucional es la forma de calcularlo, lo que, a efectos prácticos, viene a ser lo mismo: el ayuntamiento no puede recaudar el impuesto de «plusvalías».

Por hacernos una idea de magnitud, en el 2019 (últimos datos disponibles en la página de transparencia del ayuntamiento) se presupuestó una cantidad de 2.192.443,53 euros aunque la recaudación neta, quedó en 1.676.341,02 euros. (Para el año 2020 podemos fijarnos en el estado de ejecución del presupuesto a fecha 31 de diciembre. En este caso se presupuestó una cantidad de 2.500.000,00 euros aunque los ingresos efectivos líquidos quedaron en 1.292.679,77 euros). Cojamos el numero que cojamos, la cantidad no es nada despreciable.

Pues bien, en los últimos años, al menos tres veces que yo recuerde se ha debatido, en el pleno, sobre el tema de este impuesto. Y, otras tantas ocasiones me he hecho eco de ese debate en este mismo periódico digital.

En todas esas ocasiones, no se podía alegar que ese impuesto fuera ilegal, ya que había una ley que lo imponía, pero sí se ponía de manifiesto que se trataba de un impuesto profundamente injusto. Al menos en algunos de sus supuestos.

El caso más flagrante era el de una persona que heredase la mitad de su propio piso por el fallecimiento de su cónyuge. En ese caso, sin que hubiera ningún tipo de plusvalía, el cónyuge sobreviviente debía pagar al Ayuntamiento, una cantidad, sólo por el hecho de seguir viviendo en su propio piso. Más sangrante era ese caso, cuando el cónyuge sobreviviente era una mujer que se encontraba con unos ingresos reducidos casi a la mitad, al pasar de ingresarse en el hogar una pensión de viudedad, en lugar de un pensión de jubilación normal. Incomprensible se mirase por donde se mirase.

Se le solía pedir al equipo de gobierno que aumentase al máximo las bonificaciones, pero el equipo de gobierno siempre acababa haciéndose el despistado.

Ha llegado el momento en el que podemos decir que ese impuesto no solamente es injusto, por expropiatorio, sino que además es ilegal. Y lo dice el Tribunal Constitucional.

Parecía lógico que, a menos de un mes del debate sobre el presupuesto del año próximo, los grupos municipales, y los ciudadanos, quisieran saber como iba a afectar esta imposibilidad de recaudar este impuesto, al presupuesto. Y en torno a este tema se hicieron un par de preguntas.

Primero fue el concejal de Compromis, quien pregunto si se estaba tomando en cuenta la cuestión de la anulación de este impuesto, a la hora de elaborar el presupuesto. La respuesta fue digna del mejor Rajoy, de los mejores tiempos: «Bueno, los presupuestos los hacen los vecinos y son los vecinos los que son hechos por los presupuestos«. No se si fueron esas, exactamente, las palabras, pero si fue la sensación que me produjeron. Ni sí, ni no.

Después fue el concejal del Partido Popular, que modificó ligeramente la pregunta, no sé si para probar a ver si tenía mejor suerte y obtenía una contestación a lo que preguntaba: ¿Se tiene previsto aumentar algún impuesto, para compensar lo que no se va a poder ingresar por el de plusvalía?.

Aquí el alcalde lo tuvo mejor. Ya tenía preparada la respuesta de manual, la que se aplica a cualquier pregunta del PP: «Y tú más, y tú más y tú más«. No sé si fueron esas, exactamente, sus palabras, pero sí fue la sensación que me produjeron. Ni sí, ni no.

Total, que al final, nos quedamos con las ganas de saber que es lo que va a cambiar en el presupuesto, para solventar este problema. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar, porque si no es así, puede que queden unos presupuestos muy bonitos y muy sociales, pero que, en ese caso serían unos presupuestos no ajustados a la legalidad. Y, luego, vendrían los recursos contenciosos.

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