La subida del precio de la vivienda en Mislata, tanto en venta como en alquiler, se ha disparado en nuestra población, especialmente en los últimos tres años, con una subida del 40% del precio medio por metro cuadrado. Esto provoca la pobreza de cientos de familias de Mislata, que ven como se esquilman las rentas de su trabajo en aras de la riqueza de inversores, especuladores y rentistas.
Esta subida de precio tampoco beneficia a los que son propietarios y propietarias. Además de expulsar a la que ha sido la vecindad tradicional, el hecho de que sus pisos valgan más en el mercado no les produce a los propietarios beneficio alguno, ya que, tras el pago de impuestos por plusvalía y trámites de venta en caso de hacerlo, con lo que les quedara no podrían encontrar una vivienda análoga ni en Mislata ni en localidades limítrofes.
La falta de políticas públicas de vivienda en los tres estamentos: municipal, autonómico y estatal, ha dejado al albur del mercado el fijar los precios. La falta de vivienda pública hace que el mercado no tenga un freno a la especulación al no existir una oferta significativa.
El Ayuntamiento de Mislata no tiene viviendas en propiedad que alivien esto, no se ha interesado ni en adquirirlas, ni en reformar las escasas propiedades que tienen. Tampoco se ha invertido nada en construcción de vivienda pública o fomentada fórmula alguna.
Tras la pandemia, el turismo se convirtió en la palanca de la recuperación de la economía y miles de turistas tomaron, en desordenado y molesto asalto, la ciudad de València. Con ellos y para ellos llegaron también los alquileres vacacionales y pisos turísticos, así como los llamados ex-pats, extranjeros que residen en España, pero con rentas altas, ambos nuevos actores del mercado inmobiliario que han generado una tensión inasumible para los residentes.
Paralelamente, este turismo lowcost ha generado una llegada muy grande de trabajadores migrantes que realizan los trabajos mal pagados y extenuantes vinculados al mismo, trabajos que la población residente ni demanda ni quiere realizar. Estas personas también buscan vivienda, aumentando aún más la tensión sobre la oferta y el aumento desproporcionado del precio. Toda esa tensión vinculada a una sobreexplotación del turismo de la ciudad de Valencia se ha contagiado y contamina toda el área metropolitana, especialmente localidades limítrofes como Mislata.
Ante el evidente problema y la inacción del equipo de gobierno, se propone al pleno que Mislata sea declarado municipio tensionado según recoge la ley de vivienda vigente. Ese paso faculta al ayuntamiento a poder aplicar diferentes acciones, como ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las operaciones de venta inmobiliaria que se producen en el municipio y que actualmente ninguna administración pública está ejerciendo.
Por otra parte, la iluminación de las calles también se lleva al pleno mediante una propuesta de una auditoria del alumbrado público. Es evidente que una red que se compone de diferentes elementos de diferentes épocas y tecnologías genera problemas. Compromís propone se inicien cambios significativos para conseguir una iluminación más eficiente, un mantenimiento más eficaz, la seguridad en las calles, y un claro fomento de la autogeneración energética para no depender de los crecientes precios de la energía.
