Procedamos a explicar la sucesión de acontecimientos, todos ellos muy previsibles, que han llevado a esta situación durante los años de gobierno del PSOE de Carlos Fernández Bielsa desde 2011 hasta hoy.
Lo primero es constatar un hecho: antes de Bielsa, en Mislata nadie hablaba de gentrificación. El concepto era casi desconocido en aquel ya lejano 2011. Según la socióloga británica Ruth Glass, gentrificar es el proceso por el cual barrios populares o de clase trabajadora reciben a residentes de mayor nivel socioeconómico, lo que transforma el entorno urbano, eleva el valor inmobiliario y, con frecuencia, desplaza a la población original. En Mislata podemos ver ya todo esto con claridad cristalina.
En 2011, el precio de la vivienda no era la preocupación principal. Veníamos del estallido de la burbuja inmobiliaria, había abundante oferta, no existía la presión turística actual ni la llegada de expats tras la pandemia, y la inmigración asociada a empleos no cualificados como turismo y hostelería era menor. Mislata seguía regida y sigue aún, por un PGOU de 1988, cuando era alcalde el también socialista José Morales: un plan pensado únicamente para urbanizar y colmatar, no para proteger, equilibrar o planificar.
Las prioridades eran otras, en aquel momento aún había descampados, zonas degradadas e industrias dentro del casco urbano, como la papelera Payà, que todavía sigue en funcionamiento y todavía había hectáreas de huertas que no se protegieron ni se protegen definitivamente las que aún sobreviven. Lo que ya era un mal plan en su época se ha convertido hoy en una soga urbanística: el paso del tiempo, la falta de previsión y la incompetencia en materia urbanística han terminado por ahogar a la población.
En 15 años de mayorías absolutas, el PSOE nunca ha intentado cambiar este PGOU, ni revertir, ni anular, ni reformular de manera significativa los PAIs pendientes. Se han mantenido intactos para permitir que el promotor privado construyera lo que quisiera, cuando quisiera. Algunos PAIs, como el del Paquillo o el del Polígono T, llevan más de 30 años vivos, convertidos en solares eternos a los que la ciudad se ha resignado.
Primera conclusión: el PSOE de Mislata no ha tenido jamás una política urbanística propia. Sigue anclado en el desarrollismo tardo-franquista de los 80, con una diferencia crucial: no ha tenido tampoco ninguna política de vivienda pública. Durante las legislaturas de Bielsa no se ha construido ni promovido vivienda pública, ni siquiera se ha planteado. El Ayuntamiento tampoco ha adquirido propiedades en 15 años, el patrimonio inmobiliario del consistorio, más allá de los edificios públicos, apenas suman una treintena de inmuebles y propiedades heredados, no todos en condiciones de uso, destinados algunos de ellos a servicios sociales.
Es un patrimonio ridículo para una ciudad de este tamaño, y además estancado: no se ha ampliado en tres lustros.
Paradójicamente, tras la caída de la burbuja de 2008, los años posteriores fueron el momento ideal para adquirir viviendas de la SAREB o de los bancos que querían deshacerse de ellas: precios bajos, mucha oferta y tipos de interés casi nulos. Pero Bielsa no es un planificador: es, según él mismo repite, un “gestor del municipalismo”. Prefirió amortizar deuda y acumular dinero en caja antes que invertir en patrimonio. Ese dinero, en gran parte, se lo ha comido la inflación; el resto se ha ido en gastos fungibles. Podríamos haber tenido algo más de deuda a interés bajo y el edificio de la antigua Telefónica de la plaza Juan XXIII en propiedad municipal si el área económica del PSOE no hubiera priorizado ferias y propaganda sobre inversiones en bienes raíces.
Así queda establecido un segundo parámetro: En Mislata se ha dejado completamente en manos del mercado el acceso a la vivienda, amparándose en la excusa de que no es competencia municipal, sino estatal o autonómica.
Otro ingrediente es el turismo. Mislata está conurbada con València, una ciudad que en los últimos años ha recibido una afluencia enorme de visitantes que ya no se alojan solo en hoteles de zonas turísticas, sino en viviendas residenciales cercanas a los focos turísticos. Tener dos paradas de metro y estar tan cerca del centro —conectada además por el parque del Turia— ha convertido a Mislata en alternativa de alojamiento turístico, no por su atractivo propio, sino por ser parte de una metrópoli en hiper-explotada turísticamente que se ha gentrificado.
Esto ha traído consigo una subida evidente del precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, y un aumento de la demanda procedente de tres grupos:
– personas migrantes que trabajan principalmente en el sector turístico de València,
– expulsados de la capital por la gentrificación llegan al primer anillo periférico
– y usuarios de apartamentos turísticos, que han brotado como un sarpullido en la última legislatura.
Lo más grave es que todo esto era previsible. Ya había ocurrido en Barcelona, Palma, Praga, París o Lisboa. Y, sin embargo, el gobierno de Bielsa no actuó. El resultado es histórico: es el primer alcalde que gobierna a una generación de mislateros que no puede permitirse vivir en su propia ciudad. No es un problema heredado: ha ocurrido íntegramente bajo su mandato. La realidad es que compartimos destino, normativa y actitud ante el problema con el cap i casal, porque las políticas sobre este tema de la alcaldesa de València y del alcalde de Mislata son las mismas, se limitan a esperar a que alguien haga algo.
La presión turística y residencial está provocando que las pocas viviendas antiguas que quedaban en la trama urbana desaparezcan: algunas se reforman para convertirse en viviendas de alta gama; otras, como las del Emparrado o los chalets que resisten en Blasco Ibáñez, serán derribadas. Mislata no tiene normativa clara y efectiva de protección urbanística y preservación del entorno. Salvo el resignificado Pou del Quint, más por presión vecinal que por valor real del inmueble, ni en democracia ni en dictadura, ni gobiernos socialistas ni conservadores han protegido jamás el patrimonio local, ni el tangible y menos el intangible.
A la destrucción total del patrimonio y la trama urbanística de la población se suma la ausencia total de políticas de memoria. El Ayuntamiento no preserva objetos, ni crea archivo, ni documenta nada. Lo que por siglos estuvo se diluye sin que se preste atención. En una ciudad con más de mil años de historia, no aparece jamás un vestigio arqueológico, porque no hay arqueólogos, ni historiadores, ni cronistas en plantilla de funcionarios. Sí abundan, en cambio, creadores de contenido. Negar la historia para vender un relato es habitual en el modelo Bielsa.
Los efectos de la gentrificación también se notan en el comercio: el comercio tradicional se sustituye por vendings y trasteros; los bajos comerciales se convierten en apartamentos turísticos de gente que no viene a Mislata por interés, sino porque el algoritmo de Trivago los ha colocado aquí. Estarán el tiempo justo para ducharse, dormir y dejar beneficios a un particular. El Ayuntamiento, incapaz incluso de aplicar una tasa turística, no recibe nada.
Mientras tanto, exprime a los comerciantes locales con tasas altísimas, sin ofrecerles políticas de promoción. El comercio sobrevive a pesar del gobierno municipal, sostenido únicamente por la densidad demográfica. Pero su calidad se resiente por la falta de proyecto del PSOE de Bielsa, que tras tres lustros sigue sin ideas ni equipo.
El municipalismo de Bielsa es simplemente permanecer en el poder: ser quien vierte la miel para poder lamerse las manos.
* Santiago Rosado i Orquín. Periodista. Asesor Grup municipal Compromís Podemos Recortes Cero Mislata
